"La Administración actúa de forma irresponsable ante el amianto"
Hablamos con los médicos Carlos Piñeiro y Carmen Diego Roza sobre los riesgos derivados de la presencia de este material en miles de edificios
El amianto está por todas partes
El del colegio Ramón de la Sagra no es un caso excepcional. El amianto -un elemento aislante muy efectivo y barato- se empleó durante décadas en la construcción, y una parte muy importante de las edificaciones levantadas antes del año 1990 contienen este material, comenzando por la omnipresente uralita, compuesta de amianto en un 30%. El problema es que las fibras de amianto provocan enfermedades como la asbestosis, cáncer de pulmón o cáncer de pleura. Por eso, su utilización está completamente prohibida desde el año 2002 y para su retirada existe una normativa y unos protocolos muy detalladas, pero que no siempre se cumplen.
De igual manera, la Unión Europea se ha posicionado en este tema de forma clara en varias ocasiones, pidiendo la completa eliminación de este material y recordando que hasta el año 2030 medio millón de personas morirán en toda Europa por enfermedades derivadas de la exposición al amianto. En 2013, además, el Parlamento europeo aprobó una resolución instando a la UE a "supervisar la presencia de amianto en edificios públicos y privados" y a crear "planes de acción para su eliminación segura" antes del año 2028. Asimismo, en 2015 el Comité Económico y Social Europeo aprobó un dictamen señalando que "la completa eliminación de todo el amianto debe ser un objetivo prioritario de la Unión Europea" e instó a la UE a "animar a los Estados miembros a lanzar hojas de ruta y planes de acción específicos" para su completa erradicación en el año 2032.
El Foro Social Gallego del Amianto trabaja desde hace años en esta dirección, como señala el médico Carlos Piñeiro, que en referencia con el caso del Ramón de la Sagra señala que "hace años presentamos desde el Foro un informe sobre la presencia del amianto en los centros de enseñanza de Galicia, pidiendo la adopción de medidas para su retirada. Pero no se nos hizo caso". "Es una gran irresponsabilidad, una completa barbaridad, que una administración permita que se realice una operación de este tipo con el colegio lleno de gente", añade.
"La falta de respuesta de la Administración denota una irresponsabilidad total. Parece que somos totalmente ajenos a lo que sucede en otros países de Europa, donde desde hace más de 20 años está planificando y llevando a cabo la sustitución de las cubiertas y de otros elementos que contienen amianto", denuncia. "Italia, Francia o Polonia han iniciado planes específicos para su retirada en todos los edificios y construcciones, contando con ayudas europeas. Y en Inglaterra, debido a que hay una gran incidencia de casos de mesotelioma entre el profesorado, se ha diseñado un plan por distritos para su retirada en los centros de enseñanza", dice.
"Aquí, en cambio, el tema sólo se tiene en cuenta en función de la sensibilidad de una ampa y de sus protestas, no hay planificación. Las autoridades no adoptan las medidas que tienen que adoptar y que la Unión Europea indica que hay que adoptar. La Administración actúa de forma irresponsable ante el amianto", añade. Dentro de España señala como excepción el caso de algunas comunidades autónomas, como Andalucía o Baleares, que sí han iniciado planes para la eliminación sistemática del amianto en los colegios e institutos, "que se hace, por supuesto, durante el verano", puntualiza.
"Aquí, en cambio, el tema sólo se tiene en cuenta en función de la sensibilidad de una ampa y de sus protestas, no hay planificación. Las autoridades no adoptan las medidas que tienen que adoptar y que la Unión Europea indica que hay que adoptar. La Administración actúa de forma irresponsable ante el amianto", añade. Dentro de España señala como excepción el caso de algunas comunidades autónomas, como Andalucía o Baleares, que sí han iniciado planes para la eliminación sistemática del amianto en los colegios e institutos, "que se hace, por supuesto, durante el verano", puntualiza.
El problema, evidentemente, no se reduce a los centros de enseñanza y otros edificios públicos. "Tenemos miles de metros cuadrados de amianto en buena parte de los edificios construidos en Galicia antes del año 1990. Calculamos que alrededor del 40% de esas construcciones pueden estar en esa situación. La uralita, que tiene un 30% de amianto, tiene una vida media de 20 a 30 años. Cuando supera eso, hay que cambiarla", dice Piñeiro, que explica que ni siquiera está dado el primer paso: la identificación de las construcciones en las que está presente el amianto. Denuncia, en este sentido, que con la aprobación hace años de las normas de certificación energética de edificios "se perdió una gran oportunidad". "Tenían que haber incorporado la cuestión del amianto, como sucede en Francia, donde no se puede vender una vivienda sin hacer antes un análisis de si en ellas hay o no este material", dice.
De igual manera, Carmen Diego Roza comenta que "estamos muy concienciados con los problemas que se dan en los centros de trabajo, como los astilleros, pero no estamos tan mentalizados con el tema de la exposición doméstica y medioambiental". "Ahora el Ramón de la Sagra centra la atención, ¿pero cuánta uralita es retirada todos los días, muchas veces sin excesivas precauciones? ¿Cuántas obras se realizan en edificios que en su momento fueron construidos usando fibrocemento?", se pregunta.
Carlos Piñeiro concluye que "llevamos años de retraso". "Parece que la Administración desconoce las directivas europeas a aplicar, y emplea un argumento económico que es absurdo, porque el gasto que genera su retirada no es tanto [alrededor de 150 euros por metro cuadrado] y el supuesto ahorro que se pretende conseguir incumpliendo la normativa después va a salir más caro, comenzando por las sanciones que puedan llegar desde Europa y los propios gastos sanitarios de tratar las dolencias producidas por el amianto", dice.
